En este contexto las aseguradoras de D&O han reaccionado reduciendo mucho la capacidad ofertada por cada riesgo, cambiando sus modelos de tarificación adaptados a las nuevas circunstancias con lo que las antiguas primas han dejado de ser una referencia en las renovaciones viéndose subidas enormes de primas y limitando las coberturas. Esto se ve claramente en las grandes empresas y en sectores más castigados por la pandemia (transporte de pasajeros, ocio, turismo), pero también en otro tradicionalmente complejos en D&O como el juego, automoción o farma. Asimismo, cualquier exposición a EEUU está muy agravada en cuanto a condiciones. En España, además, el sector público está viendo que muchos concursos se quedan desiertos ya que las aseguradoras no están dispuestas a aceptar las condiciones de los pliegos o los presupuestos de licitación.
Seguimos viendo este año subidas generalizadas, si bien de forma más moderada para los riesgos que ya sufrieron una corrección importante en la anualidad anterior. Esta situación continuará hasta que las aseguradoras de líneas financieras consigan equilibrar resultados y volver a la senda de rentabilidad sostenible que confiamos no tarde mucho en llegar.
Pablo Wesolowski, tras un breve repaso a las reclamaciones más conocidas al amparo de seguros de D&O, centró su exposición en la problemática de los gastos de defensa. En su opinión, en el ejercicio del derecho de libre designación de abogado recogido en la póliza, un presidente de una entidad bancaria o de una gran empresa siempre va a encomendar la defensa de su libertad, de su patrimonio y de su reputación a un despacho de prestigio, cuyos honorarios, por lo general, suelen ser elevados. Esto hace que las aseguradoras tengan la sensación de que los despachos designados “disparan con pólvora del rey” pues, al saber que los honorarios son de cuenta de la aseguradora no reparan en horas a precios desorbitados: “como si hubiera barra libre de gastos de defensa”. Según Pablo Wesolowski, ambas posturas tienen su buena parte de razón. Las aseguradoras exigen para cubrir los gastos de defensa, la autorización previa y la razonabilidad de los mismos, cuestión esta que desde el punto de vista procesal fue analizada por Javier Wesolowski.
En su condición de experto procesalista, Javier Wesolowski explicó que la cobertura de gastos de defensa es fundamental porque en muchas ocasiones los administradores tienen que hacer frente a largos y complejos procedimientos que, aunque finalizan sin condena para ellos, les provocan importantes gastos. En este sentido, indicó, “el seguro de D&O no es un seguro para corruptos, sino que es un seguro para prudentes”. Lo fundamental a la hora de valorar la razonabilidad de estos gastos es atender a criterios de mercado. Casos importantes, para empresarios importantes, con pólizas importantes, merecen gastos de defensa importantes, apuntó. Para terminar, comentó algunos de los casos más relevantes de los últimos años en los que los tribunales han abordado cuestiones relativas a los gastos de defensa y su razonabilidad, añadiendo que los jueces han demostrado que conocen el mercado legal mejor de lo que podría parecer y distinguen bien aquellos casos que justifican gastos de defensa elevados de aquellos que son más sencillos y no pueden implicar que se cargue a la aseguradora una cifra que no es razonable.
